IMPLICACIONES DE APLICAR PARCIALMENTE EL COMPONENTE SALARIAL DE LA LEY 135 – 13

Como los legisladores instan al gobierno a aplicar el componente de sus remuneraciones establecido en la ley 135-13 sobre regulación salarial, constituye un imperativo ético y de justicia para la eficacia de la administración de los servicios que debe prestar el gobierno a la ciudadanía el cumplir las demás disposiciones establecidas en dicha ley así como en las demás leyes que regulan la función pública.

Dicho en otros términos, no es ético ni justo, limitarse a cumplir la parte graciosa de la ley y de una sola ley de entre otras que regulan la función pública sino que la responsabilidad del buen gobierno exige cumplir toda la ley. Y todas las leyes que regulan la función pública.

Tomemos dos casos ilustrativos:

I) El primero de ellos directamente vinculado a la ley 135-13 que se está tomando en cuenta para legitimar los aumentos salariales de los legisladores. Para actuar con justicia y equidad, esta ley debería aplicarse a todos los servidores públicos susceptibles de aplicación; y no solo una parte de ellos que son los legisladores.

De lo contrario se estaría aplicando la ley en forma antojadiza.

Si se cumple la parte graciosa de la ley constituye un deber ético exigir el cumplimiento de limitaciones y obligaciones que la misma establece como por ejemplo:

➢ Los gastos de representación no deberán exceder el 15% del salario (Art. 21)

➢ La asignación de combustibles deberá ser un 10%(Art. 22)

➢ El Art. 24 establece que los funcionarios no podrán recibir otra remuneración del Estado diferente a la inherente a su cargo ni podrán ejercer otras funciones que conlleven pagos con cargo al Estado.

➢ El Art. 25 establece prohibiciones de carácter ético como utilizar su cargo para obtener ventajas o beneficios, directa o indirectamente a través familiares o terceros, aceptar gratificaciones, comisiones, beneficiarse de algún contrato, promover nepotismo, etc.

➢ El art. 26 prohíbe expresamente la recepción de beneficios por resultados de gestiones efectuados por funcionarios, incluyendo la aprobación de contratos como de prestamos.

➢ El art. 27 prohíbe expresamente la recepción de pagos por participación por desempeñar funciones en organismos colegiados de lo que forme parte un funcionario.

➢ El art. 30 prohíbe las tarjetas de crédito institucionales

Cabría preguntarse si estas previsiones éticas y conducentes al manejo pulcro y eficiente de los recursos del Estado van a ser observadas concomitantemente con el aumento salarial que los legisladores intentan autoimponerse.

O si se pretenden aplicar estas rigurosidades al mismo tiempo que se conceda el aumento salarial auto-proclamado por los legisladores.

II) Si nos aferramos al argumento de cumplir una ley, la regulatoria de salarios en la función pública, no es razonable que se prescinda del cumplimiento de otras regulatorias de ésta particularmente la ley 41-08.

Esta ley establece, por ejemplo:

➢ La evaluación de desempeño de los funcionarios públicos (art. 46) Se están evaluando?

➢ Cumplir una jornada de trabajo entre 30 y 40 horas semanales (art.51) Se están cumpliendo?

➢ Actuar imparcialmente en su desempeño, incluyendo la no discriminación político partidista (art. 79.5)

➢ Todas las prohibiciones contenidas en el Art. 80 desde “Solicitar, aceptar o recibir” cualquier género de gratificaciones y dádivas para sí, familiares, allegados y empresas asociadas; aceptar mas de un cargo en el Estado, intervenir en contratos a su favor, valerse de su posición para recibir beneficios, etc

En resumen, recurrir a la ley 135-15 para aprobar el aumento de sueldo de los legisladores, un sano juicio y criterio de la ética y la eficacia y eficiencia administrativa demanda, como contraparte, someterse a toda la ley completamente, asi como a la que le son afines como la 41-08. No solamente a la parte graciosa de la misma

Reiteramos además, a continuación, los conflictos entre leyes y poderes que pudieran suscitarse de aplicar limitada y parcialmente la ley 135-13

II CONFLICTOS DE LEYES Y PODERES QUE GENERARÁ LA APLICACIÓN LIMITADA Y PARCIAL DE LA 135-13

Recientemente el Ministro de Administración Pública emitió una declaración que se ha interpretado como endoso de un funcionario del gobierno, y en consecuencia del gobierno, al aumento salarial auto-dispuesto por legisladores.

Para avalar la pertinencia de dicho aumento, el citado funcionario señala que la reglamentación ordenada por la ley 135-13, en la misma, fue adoptada por legisladores que precedieron a los actuales, insinuando con ello la improcedencia de recurrir al art. 140 de la Constitución para argumentar la inaplicabilidad a los actuales legisladores.

Aun cuando esto fuera cierto quedaría por resolver la Compatibilidad legal de esta decisión con el Presupuesto que también es una ley

De hecho el Artículo 8 de la ley 135-13 establece la obligatoriedad de supeditarse al Presupuesto al consignar lo siguiente: “Inclusión de cargos en el presupuesto. Todos los cargos….serán incluidos dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de cada institución que conforma el ámbito de aplicación de la presente ley y presentados a la Dirección General de Presupuesto en el tiempo y forma que establece la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y la Ley de Función Pública”.

El Congreso Nacional recibe los fondos del Poder Ejecutivo conforme lo consignado en el Presupuesto de cada año, que es la ley de gastos públicos. Todo aumento salarial conlleva un aumento de gasto.

Para el año en curso, el Congreso tiene su partida consignada y el monto del gasto ya está establecido por lo que el aumento postulado carece de disponibilidad financiera.

Sobre el Presupuesto para el próximo año, a punto de someterse al Congreso, el Director de Presupuesto ya ha declarado que el nivel de gastos 2017 será igual que el de 2016. Al no existir razón para poner en duda esta declaración del director de DIGEPRES, es de suponer que los gastos actualmente fijados por el Congreso Nacional, en los que no se había previsto aumentos salariales, quedarán congelados a los actuales; a menos que el Congreso recorte otras partidas que debería precisar para poder aumentar los salarios de legisladores.

De acuerdo pues a las leyes presupuestarias los aumentos salariales de legisladores no será posible a menos que se precise simultáneamente la fuente de fondos

Y si finalmente se impusiera el aumento, el Congreso pondría en apuros al gobierno, lo colocaría contra la espada y la pared; puesto que muchos organismos y servidores públicos reclamarían ser favorecidas con el mismo tratamiento dado a los legisladores.

Si el gobierno no complaciera estos reclamos crearía una situación discriminatoria provocadora de inconformidades entre los servidores públicos que afectaría la calidad de los servicios a ser prestados y pudiera llegar a afectar el orden y la paz social.

Y si el gobierno complaciera la demanda de aumentos salariales caería en contradicción con las declaraciones del director de DIGEPRES que restaría credibilidad a los anuncios gubernamentales; y desencadenaría, precitado por la iniciativa de los legisladores, una vorágine peligrosa de demandas salariales que terminaría aumentando los gastos que bajo la fiscalidad deficitaria en que hoy se está desenvolviendo nos llevaría al incremento del ya elevado endeudamiento externo.

Pero si el poder ejecutivo rechaza las pretensiones salariales del Poder legislativo, los conflictos de leyes arriba indicados pudieran culminar en conflictos de poderes.

Y quien sabe si en este escenario de conflictos legales e inconformidades salariales, terminar en conflictos sociales.

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